La reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación –Locti- cuya aprobación en primera discusión se hizo en enero, dejará a las universidades y centros de investigación sin los aportes de las empresas, privadas o públicas, por al menos dos años, para el financiamiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Así se desprende del análisis que realiza una comisión de la USB creada para estudiar los cambios que se proponen a la Ley, integrada por los decanos de Investigación y Desarrollo, Extensión y Postgrado, y representantes de la Fundación de Investigación y Desarrollo (Funindes), Parque Tecnológico Sartenejas y Artevisión.

Elia García, decana de Investigación y Desarrollo, explicó que existen aspectos de la reforma de la Ley que afectan la investigación; en primer lugar, la adjudicación de la administración, recaudación, fiscalización y control de la contribución especial de los aportes de las empresas contemplada en la Ley, al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fonacit, ente adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que significa romper las relaciones que se han creado entre las universidades, centros de investigación y el sector productivo del país.

“Estas vinculaciones han mostrado las capacidades de las universidades de brindar asesoría a las empresas y aportar soluciones a problemas puntuales que presenten, además de cultivar la confianza a través de las respuestas que vienen dando las casas de estudio al sector empresarial”.

La relación se rompe, dice García, pues las empresas ya no tienen porqué mantener una vinculación directa con la universidad ni con los centros de investigación.

Por otra parte, el Fonacit no tiene la estructura administrativa para recaudar los fondos, que son cuantiosos. La reforma del artículo 62 de la Ley plantea que el Ministerio de Ciencia y Tecnología da al Fonacit un año prorrogable a dos años para que se reestructure, “y a partir de ese momento es cuando se comience a hacer la convocatoria de la Locti con los recursos que llevarían un año represados sin utilizar, en el mejor de los casos, y, en el peor de los casos, dos años, hasta que sean otorgados y lleguen a las universidades; es decir, por lo menos pasarán tres años para optar a esos recursos y mientras tanto tendremos un vacío en los ingresos a las universidades por esta vía”.

La propuesta de la comisión es que se haga la reforma de la Ley una vez que el Fonacit tenga la infraestructura adecuada para el manejo y administración de los recursos.

Para tener una idea de la cantidad de dinero que manejaría el Fonacit proveniente de los aportes de las empresas, García usa las cifras del Informe de Gestión de Funindes de 2008, donde se especifica que los aportes de las empresas en ese año solamente a la USB superaron los 32 millones de bolívares fuertes.

Otra reforma de la Ley que también afecta a las universidades es la eliminación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo que maneja el Programa de Promoción del Investigador, PPI; lo que indica que el futuro del programa es incierto; “ya el año pasado no hubo convocatoria, este año no sabemos si habrá, y mientras se decide quién administra el programa, lo más probable es que pasen unos años sin convocatoria”.

García reconoce que el PPI ha sido un programa con resultados positivos para el país desde la perspectiva de generación de conocimientos, por cuanto estimula la investigación en universidades y centros, impulsa a los científicos a publicar en revistas indexadas a la vez que promueve el reconocimiento internacional de los investigadores; “además del aporte económico por parte del Estado a los profesores e investigadores, lo que ayuda complementar los bajos ingresos recibidos en las universidades”.



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(Vía El papel de la Bolívar)